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lunes, 14 de marzo de 2016

Una errónea utilización de la declaración responsable en el ejercicio de profesiones reguladas

En la redacción de proyectos o documentos técnicos por parte de ingenieros, se exigía por parte de la autoridad competente en materia de seguridad industrial (consejerías de gobiernos autonómicos) hasta el Real Decreto 1000/2010 un Visado como función pública descentralizada de control de ejercicio, en definitiva se exigía una homologación de Producto. Pero desde la entrada en vigor de ese Real Decreto, ha cambiado el paradigma y ya no se exige la función de visado en algunas de esas mismas consejerías (lo que ha disparado, por cierto, el intrusismo - cercano al 30% según fuentes colegiales). Además, esas mismas consejerías también han asumido para sí el papel de autoridad competente en materia de ejercicio profesional de todos aquellos técnicos que presenten proyectos que afectan directamente a la seguridad y salud de las personas, a través de las declaraciones responsables que exigen presentar (como un formulario adicional) a los técnicos competentes. Este hecho se replica también también en muchos ayuntamientos, pero será fuente de otro post.

¿Cómo ha sido posible esa duplicidad de funciones entre la Administración Autonómica y los Colegios Profesionales?, es claramente una confusión administrativa en el uso de una potestad en materia de regulación mediante la implantación de una "declaración responsable" también denominada "decreste" en la Consellería en materia de Industria y Energía en la Comunidad Valenciana, en un ejercicio desproporcionado de clara invasión competencial de los Colegios Profesionales, cuya función principal es la regulación en exclusiva del ejercicio de la profesión de sus colegiados.

Sería deseable establecer una cooperación a través, por ejemplo, de un Registro único de profesionales habilitados vinculado a las corporaciones colegiales, la Conselleria competente en materia de Industria y Energía, por tanto, está asumiendo la responsabilidad administrativa del ejercicio profesional de cientos de ingenieros de diferentes áreas (industrial, obras públicas, telecomunicación, agrícola,…) que registran documentos públicos en esas consejerías de forma habitual, esos mismos documentos que adquieren la consideración de públicos, y que asume, como se indicaba, de ese modo la responsabilidad subsidiaria de la actuación profesional de esos técnicos, ya que se convierten en autoridad competente en materia de ejercicio profesional, así como, en caso de no realizar las oportunas comprobaciones sobre los condicionados en las pólizas de seguro de responsabilidad civil que efectivamente cubran la actividad profesional del ingeniero en su actuación, asume, ésa administración también, las responsabilidades civiles subsidiarias y en particular el funcionario que autoriza las infraestructuras físicas.

Además, es necesario aclarar, que la declaración responsable-("decreste"), tal y como está regulada en la Ley 17/2009, corresponde al Titular de una actividad o infraestructura física, en la que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y no un documento que tenga que firmar el ingeniero consultor, asesor-técnico competente que suscribe los documentos técnicos necesarios para autorizar la infraestructura. Por tanto estamos ante un claro ejemplo de vulneración del principio de cooperación administrativa, que debería ser absolutamente transparente al administrado (en este caso el ingeniero), y que deberían articularse los mecanismos necesarios para lograr esa simplificación, con las consecuencias para la propia administración y para el propio funcionario, al asumir unas funciones que no le corresponden y que son propias de los Colegios Profesionales competentes.

Por tanto, y concluyendo, la regulación de las profesiones se encuentra actualmente bajo un modelo mixto de homologación de producto (visado) y de homologación de personas, pero que es necesario ordenar y que produce singularidades como la anteriormente descrita, con solapamiento de competencias de los Colegios Profesionales que al final repercuten en una Administración Autonómica desbordada, y que es necesario reorganizar con el auxilio precisamente de dichos Colegios, recogidos, por cierto, en la Constitución y que tienen consideración de Administración Pública.

martes, 16 de febrero de 2016

¿Certificación de producto o Certificación de personas en el ejercicio de las profesiones reguladas?

Siguiendo lo indicado en mi anterior post sobre las Diferencias entre el acceso y el ejercicio en las profesiones reguladas, es destacable, como resumen, que el acceso está claramente regulado a través de la colegiación obligatoria, como es el caso de las Ingenierías o la Arquitectura, en definitiva las profesiones denominadas comúnmente "técnicas". Pero ¿qué ocurre en el ámbito del ejercicio? La casuística es diversa, ya que viene recogida en las normas de régimen interno aprobadas estatutariamente por los diferentes Colegios.

Es lógico pensar, por tanto, que cuando la actividad de servicios de ingeniería (diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica) que tengan la consideración de ejercicio de una profesión regulada y se requiera por parte de la Administración la presentación, redacción y firma de documentos (redacción de proyectos técnicos, certificaciones finales de obra, informes técnicos,...) por técnicos competentes, que tendrán la consideración de públicos, será necesaria la autorización del acceso y el ejercicio de esa profesión regulada por una autoridad competente, definida ésta última como cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación y el control de las actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad de servicios o su ejercicio, y en particular, las autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejo generales y autonómicos de colegios profesionales. Por tanto estamos ante una definición muy clara del ámbito competencial de los Colegios Profesionales, que tendrá la consideración de autoridad competente en materia de acceso a la profesión, como se ha visto al principio, y de regular el régimen de ejercicio de esa profesión.

Cambio de paradigma: certificación de producto/persona

En la redacción de esos proyectos o documentos por parte de técnicos competentes, se exigía por parte de la autoridad competente en materia de seguridad industrial (Consejerías de Gobiernos Autonómicos) hasta el Real Decreto 1000/2010 un Visado de documentos técnicos como función pública descentralizada de control de ejercicio, en definitiva se exigía una Certificación de Producto. Pero a partir de la entrada en vigor de ese Real Decreto, ha cambiado el paradigma y ya no se exige la función pública de Visado (lo que ha disparado, por cierto, el intrusismo - cercano al 30% según fuentes colegiales) sino que esas mismas Consejerías también han asumido el papel de autoridad competente en materia de ejercicio profesional de todos aquellos técnicos que presenten proyectos que afectan directamente a la seguridad y salud de las personas, a través de las declaraciones responsables que requieren firmar a los técnicos competentes. Por tanto, estamos ante un claro ejemplo de un ámbito de Certificación de Personas, a través, en este caso, de una declaración responsable. El mismo patrón aparece en muchas administraciones locales, que requieren también de la firma de una declaración responsable al técnico competente, como que está cumpliendo con los requisitos en el ejercicio de su profesión.

miércoles, 10 de febrero de 2016

Diferencias entre acceso y ejercicio de las profesiones reguladas

Estos días ha aparecido en prensa el titular "Año y medio de prisión para un feriante acusado de falsear un certificado de un ingeniero" el cual me ha hecho rememorar los tiempos del Real Decreto 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio, la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como la Ley 25/2009 que modifica y adapta varias leyes a esos principios liberalizadores, entre ellas, la Ley de Colegios Profesionales, y por último la reciente Ley 20/2013 de garantía de Unidad de Mercado.

Llevamos más de 5 años desde la entrada en vigor de un marco normativo que inició una liberalización de los servicios profesionales, en general, con muchos desequilibrios en la aplicación operativa de los preceptos de la directiva y confusión en el ejercicio de las profesiones sujetas a regulación.

La Ley 20/2013 de garantía de unidad de mercado establece que la autorización es el medio de intervención administrativa que más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio, pero las autoridades podrán elegir entre: una comunicación, una declaración responsable o una autorización en función del interés general a proteger, de los requisitos que, en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la naturaleza de la actividad o a la infraestructura física. Todo ello, es rigurosamente necesario remarcarlo: con carácter general. Se indican en esa Ley 20/2013 los motivos que habilitan para exigir autorización administrativa: razones de seguridad pública, salud pública, protección del medioambiente, y el orden público. Todos ellos son motivos que justifican una autorización, en el acceso y ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. Por último, también se indica que la autorización requerirá de una verificación previa de los requisitos exigidos.

Diferencias entre acceso y ejercicio de las profesiones reguladas

Actualmente, la Ingeniería Técnica Industrial es una profesión regulada según la legislación española (además, conforme a la Ley 17/2009 una actividad regulada es aquella actividad o conjunto de actividades cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, estén subordinados de manera directa o indirecta a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales). El acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial se adquiere mediante una autorización en su acceso (la colegiación obligatoria a través del Colegio Profesional competente en la materia - Art. 17 Ley 20/2013) como en su ejercicio cualitativo y cuantitativo (a través del cumplimiento de los requisitos estatutarios de la profesión) y por tanto, es necesario remarcar que las profesiones reguladas se encuentran sujetas un determinado régimen: el de autorización en el acceso y el régimen estatutariamente recogido para el ejercicio.

jueves, 12 de noviembre de 2015

Conceptualizando la Regulación Profesional. Hacia un cambio de paradigma

Tiempo hace que le doy vueltas al paradigma instaurado en las economías “avanzadas” sobre lo social y lo público y cómo el colectivo de ciudadanos pone en valor ciertos servicios sociales en tiempos de crisis. Para más datos, desde los inicios de la trasposición en nuestro país de la Directiva de Servicios, la por todos conocida Ley Ómnibus; y para más fechas, allá por el año 2009, época de plenitud en la crisis financiera proveniente de la burbuja inmobiliaria. Además, dentro de las regulaciones en los diferentes países de la Unión Europea se da un concepto de lo público y concretamente, de los servicios sociales, que contemplan bastantes diferencias de unos estados a otros.

El concepto social y de colectividad que subyace a lo público, es uno de los principios en el funcionamiento de los Colegios profesionales, recogidos en nuestra Constitución, y que incide fundamentalmente en dos dimensiones: por un lado respecto de los servicios que se ofrecen a los colegiados (formación especializada, certificación de habilidades y conocimientos, validación y custodia de trabajos profesionales, …) y por otro lado, como organismo que avala la actividad de sus colegiados como garantía de seguridad y protección del usuario que recibe el servicio.

Pero esta última dimensión adquiere a su vez un triple significado: desde un punto de vista  economicista, partiendo del concepto evidenciado por George A. Akerlof de evitar la información asimétrica de los mercados, permite que el destinatario del servicio cuente con la información necesaria que le facilita aprehender un nivel adecuado de calidad en los servicios del que ha sido receptor. Desde un punto de vista social y ético, se garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos y su defensa respecto a la idoneidad de los servicios que están recibiendo, que serán los necesarios en cumplimiento de la normativa vigente, ni más de lo que necesita, ni menos (de ahí el principio de proporcionalidad, vinculado directamente a la disciplina de la ingeniería a través del concepto de optimización de los procesos). Y por último y no menos importante, desde el punto de vista de la seguridad y la sostenibilidad, por ser la ingeniería una disciplina que afecta de manera explícita a la seguridad de las personas y al medioambiente, en el desarrollo y ejecución de los trabajos propios de la ingeniería, por citar algún ejemplo: de seguridad industrial en el diseño de actividades con riesgo para la salud de los trabajadores, en actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera o que generan vertidos a nuestras cuencas hidrográficas, incluso en aquellos trabajos profesionales que planifican la evacuación en condiciones de seguridad en edificios con grandes aglomeraciones de personas o en recintos con riesgo de incendio.

Por tanto, encaminándonos hacia una sociedad del conocimiento y de la generación de valores, es lógico que exista una evolución en las regulaciones, y como no puede ser de otra manera, en lo que afecta a la regulación de los ingenieros y las empresas de ingeniería. Estamos evidenciando un cambio de paradigma en la conceptualización de la regulación de los profesionales, transfiriendo el peso de la gestión desde la dimensión de la certificación de producto mediante el visado que garantiza un control documental sobre un trabajo profesional (garantiza un control y por tanto una minoración del riesgo, garantía al ciudadano, evita intrusismo de personas no cualificadas, promueve pólizas de SRC más económicas ya que se minoran los siniestros,…) hacia una dimensión de certificación de habilidades, conocimientos y destrezas de los profesionales que serán cualificados mediante una serie de requisitos a lo largo de la vida profesional: validación de la experiencia, la formación, la obtención de marcas de calidad, que les capacitará para realizar trabajos concretos. Pero esa transferencia debemos realizarla de forma planificada y ordenada, desde el consenso.

Es por tanto, un cambio de paradigma social que en las culturas anglosajonas tienen ya bastante recorrido, pero que en las culturas de la cuenca mediterránea podemos caer de nuevo en una excesiva regulación de las diferentes Administraciones, estancas todavía en exceso, con lo que no haríamos más que embozar aún más si cabe nuestra economía y el desarrollo sostenible de nuestras empresas. Por esa razón, debemos liberalizar de forma ordenada, utilizando la cooperación entre administraciones como medio para gestionar los servicios públicos de manera eficiente, que impulse a nuestras empresas a través también de la colaboración, para facilitar la prosperidad de nuestra sociedad.

martes, 30 de junio de 2015

Ingenieros y Reservas de Actividad

En el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante (agrupamos a algo más de 2000 colegiados en la provincia de Alicante y cerca de 90.000 en España) estamos muy preocupados por la ralentización en la aplicación de las políticas europeas de reindustrialización en nuestra región, pero más aún en las de liberalización de los servicios profesionales, donde todavía se mantienen, incluso se agravan, los problemas de competitividad y empleabilidad de nuestros profesionales colegiados.

Nuestros ingenieros colegiados provienen de diversas titulaciones universitarias, que todas ellas habilitan para nuestra profesión: perito industrial, ingeniero técnico industrial, ingeniero de diseño industrial, ingeniero de materiales, ingeniero químico, los nuevos graduados en ingeniería, … es significativo que en otros países europeos más competitivos existan agrupaciones de profesiones reguladas a las que se accede independientemente de la titulación universitaria adquirida, mediante unos requisitos de acceso: examen, acreditación, etc… Es por ello que la actividad regulada de ingeniería en nuestro país requiere de una profunda reestructuración con la premisa fundamental de que su ejercicio debe salvaguardar el medioambiente y la seguridad de las personas mediante una oportuna regulación.

Es por ello que hoy surgen barreras de acceso injustificadas en la actividad de ingeniería, precisamente porque en España existe todavía la restricción de actividad en base a un título y no a una actividad profesional regulada. Por tanto nos encontramos con impedimentos a la creación de empresas de ingeniería así como la empleabilidad de nuestros Ingenieros, colegiados en la profesión regulada en nuestro país de Ingeniero Técnico Industrial. Las resistencias con las que nos encontramos, debido a las todavía muy persistentes "reservas de actividad" en las profesiones reguladas, siguen obligando a nuestros profesionales a crear las empresas fuera de nuestra región, incluso de nuestro país, porque no se tienen en cuenta los principios de proporcionalidad y eficacia que deben ser los que impulsen la creación de empresas de base tecnológica e industrial, ya que nuestros profesionales adquieren en nuestras Universidades unos conocimientos y habilidades muy valorados fuera de nuestras fronteras, pero que además, siguen desarrollando capacidades profesionales y formación postgrado a lo largo de su vida profesional.

Todos los aspectos anteriormente descritos no favorecen en absoluto la actividad empresarial y perjudica gravemente al administrado y por supuesto a la actividad que se agrupa dentro de los denominados servicios profesionales que ofrecen nuestros Ingenieros.

viernes, 18 de julio de 2014

Desmontando la LSCP: una visión desde la Ingeniería


Desmontando la LSCP: una visión desde la Ingeniería

Después de realizar una lectura detenida sobre la exposición de motivos del último borrador de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuesta imaginar cuál es realmente la intención del legislador. Concretamente expone “… se busca el equilibrio entre, por una parte, las restricciones precisas para garantizar la confianza indispensable de los destinatarios de los servicios profesionales en la calidad de lo que reciben, así como su protección y seguridad y, por otra, las libertades necesarias para favorecer el desarrollo de la actividad.” Esa es, en definitiva, la sentencia que resume la cuestión fundamental: ¿dónde va a poner nuestro gobierno el listón de la regulación?

Hace un tiempo, escribía sobre el asunto, que vuelvo a recuperar por rabiosa actualidad “Colegios y Justicia Gratuita” o también “El porqué de una necesaria colegiación”. En esos textos aparece el concepto que ya en los años 70, el premio nobel de Economía George A. Akerlof planteaba para la regulación de los mercados, desarrollando el concepto de “información asimétrica” de los mismos. La teoría de Akerlof resume perfectamente el problema y el coste de oportunidad que significa la regulación de las profesiones. Para ello se deben articular sistemas que nos permitan proteger al ciudadano, sus derechos y libertades en consonancia con servicios de alta especialización, que permita reducir el “gap” de información existente entre: por un lado los servicios ofrecidos por los profesionales y, por otro, el que ese servicio sea el idóneo para el ciudadano. En definitiva, es una de las muchas funciones de los colegios, servir al ciudadano como punto de información y garantía acerca de los servicios que reciben de los colegiados.

Llegados a este punto, abordaré el primero de los 5 temas controvertidos relevantes de los muchos que contempla la reforma, los cuales se exponen a continuación:


1. El concepto de colegiación obligatoria en las ingenierías

El requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios.

La ingeniería, considerada durante toda su historia como una profesión de alta especialización, resulta incoherente el planteamiento de su colegiación obligatoria de forma parcial. Se pretende, desde el ejecutivo, una colegiación obligatoria sólo para los autónomos. Es inadmisible que, dependiendo de la naturaleza de la vinculación contractual que se tenga con el empleador o la administración, plantear una colegiación obligatoria/voluntaria, siendo una misma profesión.

¿Qué pretende el legislador? aquellos ingenieros que vayan a ser empleados por cuenta ajena, vincularles a la empresa como único garante de sus aptitudes?, y por consiguiente aumentar el riesgo de seguir fomentando la precariedad laboral en las profesiones cualificadas?.

En una sociedad del conocimiento, se requiere la validación de las aptitudes, conocimientos y competencias a lo largo de la vida profesional del individuo por entidades independientes, los Colegios. Con el fin de dar información al usuario final de la cualificación y preparación del profesional. Por tanto, sea cual sea el ámbito de actividad de la ingeniería, la colegiación es, por el momento, un sistema para garantizar la protección de los usuarios. Además, los colegios están haciendo su función: el sistema de acreditación de ingenieros DPC valida este reconocimiento, y permite valorar al profesional por su historia profesional, no exclusivamente por su título académico, por lo que parece insinuar la Comisión Nacional de la Competencia en este artículo.


2. Interoperabilidad de sistemas y coordinación, cooperación y asistencia mutua entre administraciones

Es destacable que sigue sin ponerse en práctica el Real Decreto 559/2010 por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, en lo que respecta a la integración de la información sobre la actividad industrial en todo el territorio español, en lo que respecta sobretodo a los servicios de ingeniería.
¿Qué mejor forma que la de interoperar con las distintas Consejerías y Ayuntamientos para validar a los profesionales desde los colegios, que ya disponen de los medios y la organización de las bases de datos?.

Es necesario recordar que la Constitución y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas contempla a los Colegios como Administración Pública, aunque algunos se empeñen en no reconocerlas como tales. Así, aun cuando los colegios profesionales se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, tienen también una dimensión pública que les equipara a las Administraciones Públicas de carácter territorial.


3. Cuotas colegiales

Muchos piensan, haciendo alusión al anterior párrafo, que los Colegios son otra Administración a mantener. Nada más lejos de la realidad: los Colegios Profesionales se autogestionan con las cuotas de sus colegiados, si bien es cierto que difiere mucho la cuantía de unos colegios a otros.

En definitiva, y como se indicaba anteriormente, es un control que ejerce en delegación de funciones de la Administración, que al Estado no le cuesta ni un solo euro. Tiene razón UniónProfesional de Alicante cuando dice que es falso señalar a los colegios como los culpables de la crisis y plantear una Ley en esos términos, llegando a regular incluso el coste máximo de la cuota y vulnerando el principio de independencia de las corporaciones colegiales.

En este punto destacar las recomendaciones realizadas por el Dictamendel Consejo de Estado sobre el excesivo afán del gobierno por tutelar las funciones de los Colegios Profesionales, indicando que “…si bien responde a una cierta lógica (…) está planteado de forma excesiva y potencialmente gravosa para la autonomía de la organización colegial.”


4. Mapa regulatorio de ingenierías y arquitecturas y reservas de actividad

Con la última versión de la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales se ha perdido la oportunidad de plantear unas nuevas reglas del juego para el ejercicio de las profesiones reguladas y sus atribuciones profesionales en el ámbito edificatorio, sacando de la disposición adicional undécima la profesión de arquitectura. Esta problemática así se reconoce en el preámbulo del anteproyecto y también el Dictamen del Consejo de Estado “…dicha regulación es obsoleta, data en su mayoría del siglo XIX y da lugar a más de doscientas profesiones reguladas a nivel estatal, un sistema de reservas de actividad excesivamente complejo y un mapa colegial confuso, que varía según las diversas comunidades autónomas.” Remarcaríamos además que dentro de la arquitectura y la ingeniería se complica aún más todavía el asunto, dando lugar a litigios absurdos que no han llevado más que a perder competitividad y dejar al usuario final en desamparo con el descrédito de las profesiones ante los Tribunales.

En definitiva, debemos superar de una vez estas “rigideces” corporativistas, para conseguir ser competitivos y desarrollar el conocimiento de una forma pluridisciplinar y mediante el reconocimiento de la capacitación profesional a lo largo de la vida, no sólo teniendo en cuenta un título universitario. Es por eso, que se ha perdido la oportunidad, manteniendo las reservas de actividad de la profesión de arquitectura en el ámbito edificatorio.


5. Libertad territorial

Por último, y tal como aparece en el artículo 37, se vuelve a hacer caso omiso por parte del gobierno a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la territorialidad de la colegiación.  El anteproyecto suprime la exigencia de que la colegiación se produzca en el territorio del domicilio principal del profesional, donde ejerce su actividad principal. Como dice el citado Dictamen: “…dicha medida puede acarrear “efectos perversos como la falta de un adecuado ejercicio de las potestades de control por parte de los colegios”. “Como corporaciones de Derecho público que cumplen una función de garantía social del adecuado ejercicio de las profesiones”, argumentan, “queda mejor respetada tal función si se mantiene la exigencia de ciertas condiciones de arraigo territorial que garanticen el sometimiento a la disciplina colegial”.

lunes, 31 de marzo de 2014

«No intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto»

De esta manera sentenciaba Richard Buckminster acerca de cómo cambiar las cosas. Reconocido como ingeniero, arquitecto, diseñador, científico y escritor, aportó grandes ideas, diseños e invenciones al mundo, intentando descubrir si un individuo podría mejorar la condición humana. 

La ingeniería trazó las líneas estratégicas de su trayectoria, aplicando sus conocimientos en desarrollos dentro de los campos de la arquitectura y la ingeniería, la automoción, la topografía,… lo que le proporcionó una considerable visibilidad pública.

Tensegridad. Needle Tower de Kenneth Snelson
Parafraseando la sentencia del título de la entrada, es el momento de cambiar las cosas: la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales va a marcar el inicio de una nueva andadura planteando las reglas del juego para el ejercicio de las profesiones reguladas y sus atribuciones profesionales. Tanto es así que la propia Disposición y también el Dictamen del Consejo de Estado reconocen que “…dicha regulación es obsoleta, data en su mayoría del siglo XIX y da lugar a más de doscientas profesiones reguladas a nivel estatal, un sistema de reservas de actividad excesivamente complejo y un mapa colegial confuso, que varía según las diversas comunidades autónomas.” Remarcaría, además, que dentro de la arquitectura y la ingeniería se complica aún más si cabe el asunto, dando lugar a litigios absurdos que no han llevado más que a perder competitividad y dejar al consumidor en desamparo con el descrédito sistemático de las diferentes profesiones ante los Tribunales. 

En definitiva, debemos superar de una vez estas “rigideces” corporativistas, para conseguir ser competitivos y desarrollar el conocimiento de una forma pluridisciplinar. La nueva Ley plantea responsabilidades para los profesionales, que ejercerán sólo aquellas actividades para las que estén capacitados y seguirán una formación continua a lo largo de su vida profesional, además de contemplarse exámenes de acceso a la profesión y sistemas de certificación de personas. 

El gobierno da un plazo de 3 meses desde la aprobación de la Ley de Servicios y Colegios para desarrollar una propuesta de atribuciones profesionales entre arquitectos e ingenieros: ¿nos pondremos de acuerdo?

lunes, 6 de enero de 2014

Apertura Express para locales de hasta 750 metros cuadrados


Con la nueva Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, se amplia el criterio para "apertura express" en comercios y actividades minoristas:


Disposición final tercera. Modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda redactado como sigue: «Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados.»