Tiempo hace que le doy vueltas al paradigma instaurado en las
economías “avanzadas” sobre lo social y lo público y cómo el colectivo de
ciudadanos pone en valor ciertos servicios sociales en tiempos de crisis. Para
más datos, desde los inicios de la trasposición en nuestro país de la Directiva
de Servicios, la por todos conocida Ley Ómnibus; y para más fechas, allá por el
año 2009, época de plenitud en la crisis financiera proveniente de la burbuja
inmobiliaria. Además, dentro de las regulaciones en los diferentes países de la
Unión Europea se da un concepto de lo público y concretamente, de los servicios
sociales, que contemplan bastantes diferencias de unos estados a otros.
El concepto social y de colectividad que subyace a lo público, es
uno de los principios en el funcionamiento de los Colegios profesionales,
recogidos en nuestra Constitución, y que incide fundamentalmente en dos
dimensiones: por un lado respecto de los servicios que se ofrecen a los
colegiados (formación especializada, certificación de habilidades y
conocimientos, validación y custodia de trabajos profesionales, …) y por otro
lado, como organismo que avala la actividad de sus colegiados como garantía de
seguridad y protección del usuario que recibe el servicio.
Pero esta última dimensión adquiere a su vez un triple
significado: desde un punto de vista
economicista, partiendo del concepto evidenciado por George A. Akerlof
de evitar la información asimétrica de los mercados, permite que el
destinatario del servicio cuente con la información necesaria que le facilita
aprehender un nivel adecuado de calidad en los servicios del que ha sido
receptor. Desde un punto de vista social y ético, se garantiza la protección de
los derechos de los ciudadanos y su defensa respecto a la idoneidad de los
servicios que están recibiendo, que serán los necesarios en cumplimiento de la
normativa vigente, ni más de lo que necesita, ni menos (de ahí el principio de
proporcionalidad, vinculado directamente a la disciplina de la ingeniería a
través del concepto de optimización de
los procesos). Y por último y no menos importante, desde el punto de vista de la
seguridad y la sostenibilidad, por ser la ingeniería una disciplina que afecta de
manera explícita a la seguridad de las personas y al medioambiente, en el
desarrollo y ejecución de los trabajos propios de la ingeniería, por citar
algún ejemplo: de seguridad industrial en el diseño de actividades con riesgo
para la salud de los trabajadores, en actividades potencialmente contaminantes
de la atmósfera o que generan vertidos a nuestras cuencas hidrográficas,
incluso en aquellos trabajos profesionales que planifican la evacuación en
condiciones de seguridad en edificios con grandes aglomeraciones de personas o
en recintos con riesgo de incendio.
Por tanto, encaminándonos hacia una sociedad del conocimiento y de
la generación de valores, es lógico que exista una evolución en las
regulaciones, y como no puede ser de otra manera, en lo que afecta a la
regulación de los ingenieros y las empresas de ingeniería. Estamos evidenciando
un cambio de paradigma en la conceptualización de la regulación de los
profesionales, transfiriendo el peso de la gestión desde la dimensión de la
certificación de producto mediante el visado que garantiza un control
documental sobre un trabajo profesional (garantiza un control y por tanto una
minoración del riesgo, garantía al ciudadano, evita intrusismo de personas no
cualificadas, promueve pólizas de SRC más económicas ya que se minoran los
siniestros,…) hacia una dimensión de certificación de habilidades,
conocimientos y destrezas de los profesionales que serán cualificados mediante
una serie de requisitos a lo largo de la vida profesional: validación de la
experiencia, la formación, la obtención de marcas de calidad, que les capacitará
para realizar trabajos concretos. Pero esa transferencia debemos realizarla de
forma planificada y ordenada, desde el consenso.
Es por tanto, un cambio de paradigma social que en las culturas anglosajonas tienen ya bastante recorrido, pero que en las culturas de la cuenca mediterránea podemos caer de nuevo en una excesiva regulación de las diferentes Administraciones, estancas todavía en exceso, con lo que no haríamos más que embozar aún más si cabe nuestra economía y el desarrollo sostenible de nuestras empresas. Por esa razón, debemos liberalizar de forma ordenada, utilizando la cooperación entre administraciones como medio para gestionar los servicios públicos de manera eficiente, que impulse a nuestras empresas a través también de la colaboración, para facilitar la prosperidad de nuestra sociedad.
Es por tanto, un cambio de paradigma social que en las culturas anglosajonas tienen ya bastante recorrido, pero que en las culturas de la cuenca mediterránea podemos caer de nuevo en una excesiva regulación de las diferentes Administraciones, estancas todavía en exceso, con lo que no haríamos más que embozar aún más si cabe nuestra economía y el desarrollo sostenible de nuestras empresas. Por esa razón, debemos liberalizar de forma ordenada, utilizando la cooperación entre administraciones como medio para gestionar los servicios públicos de manera eficiente, que impulse a nuestras empresas a través también de la colaboración, para facilitar la prosperidad de nuestra sociedad.
